Normalistas de Ayotzinapa lanzaron este lunes al mediodía al menos ocho cohetones a la fachada de Palacio Nacional, el cual dejó un saldo de al menos 26 policías lesionados.
Testigos de los hechos detallaron que fueron unos ocho cohetones los que fueron arrojados al edificio histórico.
Tras llevar a cabo este acto, los normalistas de inmediato se subieron a sus camiones y se retiraron de las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, con rumbo a Guerrero.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) indicó que, derivado de estos hechos, 26 agentes resultaron lesionados, de los cuales 25 tuvieron que ser trasladados a hospitales, entre ellos tres mandos.
“Al momento, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), en siete ambulancias, atendieron a 26 uniformados que presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo; 25 de ellos requirieron su traslado a un hospital debido a la gravedad de las lesiones, entre ellos tres mandos”, apuntó.
“Luego de realizar su expresión pública y de lanzar objetos, vallas, petardos, cohetones y algunas piezas del mobiliario, los manifestantes se retiraron del lugar”, agregó.
Esto ocurre cuando la semana pasada, un juzgado federal concedió la libertad provisional a ocho militares que están implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La liberación de los militares, acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada, ocurrió por un “criterio parcial y sesgado”, según denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha acompañado a las familias de los jóvenes desaparecidos.
Los soldados pertenecían a los batallones 27 y 41 de Infantería de Guerrero, estado del sur de México en el que ocurrió el crimen el 26 de septiembre de 2014 por un presunto contubernio de grupos criminales y autoridades, incluyendo al Ejército.
El juzgado, ubicado en el Estado de México, consideró innecesaria e injustificada la prisión preventiva para los militares, aunque la Guardia Nacional argumentó que existe un “alto” riesgo de fuga.
El Centro Prodh y las organizaciones Fundar, Talchinollan y SeraPaz, que también han seguido el crimen, acusaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de “seguir litigando a favor de los militares acusados en el caso Ayotzinapa, lo que se suma a su reticencia a entregar todos los documentos de sus archivos”.
“Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años: el poder militar sin contrapesos afecta a la justicia y el esclarecimiento del caso”, concluyeron en un breve comunicado.
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FFO
