El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó este lunes que ha clasificado como “reservados” los permisos otorgados al creador de contenido estadounidense MrBeast, quien grabó en zonas arqueológicas de México. La decisión se basa en un procedimiento jurídico-administrativo aún en curso contra la empresa Full Circle Media S.A. de C.V., vinculada al influencer.
La respuesta del INAH, emitida tras la solicitud de transparencia 330018325000312, advierte que la información podría mantenerse confidencial hasta 2030. El Instituto argumentó que la divulgación de los documentos podría ocasionar «resultados perjudiciales», dado que el procedimiento legal sigue abierto.
El caso surgió tras la publicación del video titulado originalmente «Me pasé 100 horas explorando la selva maya», renombrado luego como «Exploré templos de 2,000 años de antigüedad», en el que MrBeast visita sitios como Chichén Itzá, Calakmul, Becán y Chicanná.
El contenido, que mezcla exploración y menciones comerciales a marcas como Walmart, 7-Eleven y Feastables (su propia marca de chocolates), generó críticas por el presunto uso comercial de zonas protegidas.
INAH y sus contradicciones
En un inicio, el INAH declaró que la grabación se realizó con los permisos correspondientes. Sin embargo, días después cambió su postura y acusó un “abuso de confianza”, al considerar que el permiso fue solicitado para un documental, pero se utilizó para un video con fines comerciales, lo que podría violar la Ley General de Bienes Nacionales y un acuerdo presidencial que prohíbe la explotación comercial del patrimonio cultural.
El Instituto también se negó a informar si hubo algún pago por el uso de las zonas arqueológicas. A pesar de que el procedimiento se inició el 14 de mayo, no se ha aclarado cómo se aplicaría una sanción en caso de confirmarse una infracción, especialmente considerando las limitaciones legales para procesar a empresas extranjeras.
MrBeast ha negado cualquier irregularidad. En redes sociales afirmó que su equipo actuó conforme a la ley, acompañado por personal del INAH y arqueólogos. También aseguró que las menciones comerciales fueron grabadas fuera de las zonas arqueológicas y que los permisos se gestionaron a través de autoridades estatales y la Secretaría de Turismo, no con la Secretaría de Cultura.
Además, señaló que financió proyectos comunitarios como la construcción de pozos de agua y que trabaja con el INAH para establecer un fondo en apoyo a la investigación arqueológica.
Poca coordinación de autoridades federales y estatales
El conflicto también ha evidenciado la falta de coordinación entre autoridades federales y estatales. Mientras la Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, condenó el uso comercial del patrimonio, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, defendió públicamente al youtuber, destacando el impacto económico y turístico del video en comunidades locales. Incluso pidió a la Secretaría de Cultura dirigir cualquier inquietud directamente al gobierno de Campeche, ya que este asumió la gestión del proyecto.
Por su parte, el gobierno de Yucatán no ha emitido postura. Sus secretarías de Cultura y Turismo negaron tener competencia en las autorizaciones, pese a que algunos de los sitios filmados, como Chichén Itzá, están en su territorio.
Finalmente, el director del INAH, Diego Prieto, señaló que se busca una solución conciliatoria con el equipo de MrBeast. Para ello, se propusieron tres condiciones: una disculpa pública por los excesos, un convenio de colaboración y una reparación del daño al patrimonio nacional.
Cabe mencionar que no es la primera vez que el gobierno federal reserva información pública. En 2021, tras la invalidez del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que buscaba declarar sus obras prioritarias como de seguridad nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declaró inconstitucional.
Sin embargo, en 2023, el Ejecutivo emitió un nuevo decreto en el que clasificó como proyectos de seguridad nacional e interés público al Tren Maya, el Tren Interoceánico y los aeropuertos de Palenque (Chiapas), Chetumal y Tulum (Quintana Roo).
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