La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos mostró escepticismo sobre la validez jurídica de la demanda del gobierno de México en contra de los fabricantes de armas estadunidenses para hacerlos responsables de la violencia relacionada con el narcotráfico que azota a la población mexicana.
En 2021, el gobierno del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador demandó a los fabricantes de armas de Estados Unidos y exponiendo que la Ley sobre Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA) no los hacía inmunes a la responsabilidad de la violencia en México por el arsenal que venden a los cárteles del narcotráfico.
En la audiencia celebrada en la Corte Suprema de Estados Unidos, los nueve magistrados que la integran, seis conservadores y tres liberales, mostraron una postura que podría vaticinar la anulación de la demanda mexicana.
La jueza Ketanji Brown Jackson, del ala liberal, argumentó en la audiencia que el Congreso federal de Estados Unidos aprobó la PLCAA justamente para evitar disputas judiciales como la de México.
Creo y me pregunto sobre si el estatuto jurídico con el que fue creada la PLCAA no nos está diciendo que las cortes no somos las que debemos crear los remedios para regular a la industria de las armas”, dijo la jueza.
PLCAA da inmunidad a los manufactureros de armas de Estados Unidos ante demandas judiciales en el ámbito criminal y civil, por responsabilizarlos de la violencia o de asesinatos cometidos por sus productos, municiones, pistolas y rifles de cualquier calibre.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostiene que la ley estadunidense no tiene jurisdicción en referencia a entidades extranjeras, lo que este martes en la audiencia de la Corte Suprema sufrió un revés.
“Hay gente que quiere tener la experiencia de disparar cualquier tipo de armas porque las encuentran más acopladas y disfrutables a sus gustos que el usar un arma de municiones”, declaró el presidente de la Corte Suprema, el juez conservador John Roberts.
Lo marcado en la audiencia por el presidente de la Corte Suprema fue indirectamente el argumento para desarmar la posición de México respecto a que los fabricantes de armas estadunidenses diseñan arsenal al gusto de narcotraficantes y miembros del crimen organizado mexicano.
La demanda civil del Estado Mexicano es contra los manufactureros de armas Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A., Beretta Holding S.P.A., Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES.M.B.H., Strum, Ruger & Co., y Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.
Por medio de la disputa judicial, la Secretaría de Relaciones Exteriores busca una compensación de más de 15 mil millones de dólares para las víctimas mexicanas de la violencia relacionada con el narcotráfico y crimen organizado y las ligadas a las armas fabricadas en Estados Unidos.
Un fallo final de la Corte Suprema sobre el caso se estima que podría darse a conocer en unos dos o tres meses, pero por la posición de los jueces tanto conservadores como liberales, se estima que la decisión será a favor de los armeros y en contra del gobierno mexicano.
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